La Plata - El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, realizó una presentación judicial ante el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, por el maltrato a travestis, por parte de personal judicial y fuerzas de seguridad, luego de ser detenidas mientras eran prostituidas en la ciudad de La Plata. En la presentación, el Defensor manifestó su preocupación por el trato recibido por
un grupo de mujeres trans y travestis detenidas durante las últimas semanas de agosto, por parte de las autoridades estatales, según explicó, en una "preocupante vulneración de sus derechos consagrados en la ley de identidad de género". Ante esta situación, Bonicatto solicitó al juez Masi, a cargo de la causa, que se "adecúen las actuaciones judiciales ya realizadas, rectificando las mismas según la identidad de género autopercibida por las imputadas". Además, pidió que "se contemplen en cada etapa del proceso la situación de vulnerabilidad y violencia a la que está sometida la población trans y travesti". La presentación del Defensor se originó a partir del caso de Ximena y Daniela, dos mujeres trans detenidas por personal policial masculino mientras eran prostituidas en La Plata el pasado 22 de agosto. Desde ese momento, y en las sucesivas instancias policiales y judiciales, se las nombró y trató como hombres, desconociendo el respeto por su identidad de género e incumpliendo con las garantías que indica la Ley nacional de identidad de género (Nº 26.743). A la situación de Ximena y Daniela se le sumó en los últimos días un operativo policial realizado en la denominada "Zona Roja" de La Plata, en donde resultaron demoradas 16 mujeres trans ante supuestas denuncias de vecinos por exhibicionismo y tenencia de estupefacientes. Dos de ellas aún permanecen detenidas. Al respecto, el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo, opinó que las recientes actuaciones por parte de los operadores judiciales y del personal policial, constituyen "un atentado directo a las libertades individuales de todas las personas, en concreto a sus derechos sexuales y al derecho individual del uso libre del propio cuerpo". "Respecto de la actuación policial, llama la atención la arbitrariedad en los procedimientos llevados a cabo por los efectivos policiales para realizar las requisas en las pertenencias de distintas personas en la vía pública, sin autorización judicial", explicaron desde el OVG. Asimismo, sostuvieron que "la requisa realizada sin autorización judicial y sin razones jurídicas que lo justifiquen, resultan inconstitucionales. Los agentes judiciales tienen herramientas jurídicas para anular esas prácticas y ajustar su propia actuación a derecho. De lo contrario, se estaría avalando una actuación arbitraria y discrecional de las fuerzas de seguridad." "Si eventualmente las razones que convocaron al personal fueron las "exhibiciones", ¿cuál sería la urgencia en practicar una requisa?", preguntó el Defensor del Pueblo. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Investigación 4, que impulsó las actuaciones. Bonicatto aclaró que por parte de la Defensoría, personal del OVG mantuvo reuniones con la Defensoría General y la UFI 4, con el fin de que se adecúe el trato recibido hacia las detenidas.